26/10/2011 - Es insólito que un país triguero como el nuestro no
concilie con la creciente necesidad de alimentos, local y mundial.
También
los datos nos confunden: fuentes privadas estiman alrededor de 4
millones de toneladas sin vender y el Gobierno habla solo de 1 millón no
declaradas.
Lo
cierto es que el precio cae a medida que el tiempo pasa, en tanto que
se continúa sembrando trigo, no por las expectativas de precios, sino
por la rotación y el cuidado de la tierra. Sin embargo, esta tendencia
se irá revirtiendo en la medida que se pierda rentabilidad.
Pero
ese trigo mejorado, de buena calidad, que provee la Argentina sigue
guardado y los acopios locales y cooperativas serán los más afectados.
El productor lo ha entregado con una determinada calidad y, al no tener
posibilidades de vender en tiempo y forma, esa calidad se va perdiendo.
El resultado es la caída del precio y la incertidumbre de no saber qué
hacer con el trigo.
La
responsabilidad de ésta situación es de las políticas trigueras que
viene implementando el Gobierno Nacional caracterizadas por el
incumplimiento y distorsiones en la propia cadena.
Esto
es un ejemplo de las diferencias existentes entre lo que se predica y
lo que efectivamente sucede. El camino hacia la sojización parece ser la
única política de granos más viable para los productores, las
exportadoras y el Estado. De esta manera podemos concluir que, en lugar
de promover la producción de alimentos, el Gobierno prefiere acompañar
todo lo que genera rápida recaudación, más allá del perjuicio que
provoque en materia productiva, ambiental y social.
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