Comunicado Partido Coalición Cívica ARI Mendoza

Frente a la propuesta del Gobernador de la Provincia de Mendoza, Celso Jaque, de crear "listados de objetores de conciencia" para aquellos que se nieguen a cumplir con la ley recientemente aprobada por el Congreso de la Nación que habilita a contraer matrimonio a las personas del mismo sexo (Ley 26.618 – promulgada el día miércoles 21 de julio), el partido Coalición Cívica ARI distrito Mendoza manifiesta:

Negarse a aplicar la ley invocando una objeción de conciencia, conceptuada como la
salvaguarda del individuo para eximirse del cumplimiento de un deber jurídico alegando sus creencias o íntimas convicciones religiosas, morales o filosóficas, resulta absolutamente inaceptable.

Se trata de un derecho humano fundamental; y éstos son prerrogativas que tiene el ser humano frente al Estado para evitar que las acciones del Estado lesionen los derechos personalísimos del hombre.

La objeción de conciencia es una posición de caracter individual, que por su naturaleza no afecta a terceros.

El caso en cuestión excede lo conceptuado precedentemente, puesto que dicha facultad no está pensada para ser utilizada por los funcionarios públicos que han jurado defender “la Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten…” (Art. 31 CN).

El Código Penal, en el artículo 248 (abuso de autoridad) y 249 (omisión de deberes)
establece que "será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación por doble tiempo, el funcionario público que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere" y que "será reprimido con multa de $750 a $12.500 e inhabilitación especial de 1 mes a 1 año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare a hacer o retardara algún acto de su oficio".

Más allá del cuadro legal que hemos descripto, debemos dejar bien en claro la cuestión de fondo aquí: No creemos que ningún juez se atreviese hoy a invocar objeción de conciencia para casar a dos personas judias o afrodescendientes. Sería rápidamente repudiado. Sin embargo la discriminación a la comunidad LGBTTI está naturalizada en una gran parte de nuestra sociedad por lo que esta actitud no fue vista claramente como un acto de discriminación, y se tendió a confundirla con posiciones "morales o religiosas" legítimas.

Por eso hoy queremos expresarnos en favor del progresivo desarrollo ético de nuestra Argentina, forjando nuevos valores democráticos e inclusivos de todas y todos sin consideración de su orientación sexual o cualquier otra distinción inherente a la persona.